Por Ignacio Bartesaghi *
A partir del mandato del presidente Tabaré Vázquez, el Poder Ejecutivo negoció un TLC con Chile
que cerró en octubre de 2016. Dicha iniciativa se enmarca en una
estrategia de acercamiento de Uruguay a la Alianza del Pacífico, como
paso previo a una profundización de las relaciones con el mencionado
bloque comercial.
Por otro lado, el acuerdo
con el país sudamericano permitió activar las negociaciones comerciales
en clave bilateral, sin actividad desde el TLC firmado por Uruguay con
México en el año 2003. Esto llevó a un bienvenido posicionamiento en los
denominados nuevos temas del comercio internacional, que si bien siguen
ausentes en la agenda interna del Mercosur y no han podido plasmarse en
las negociaciones en curso llevadas adelante por el bloque, sí forman
parte de la mayoría de los acuerdos cerrados en los últimos años a nivel
internacional.
Corresponde precisar que el TLC
firmado por Uruguay no es contrario a la política comercial común del
Mercosur, ya que el mismo cuenta con una zona de libre comercio
con Chile negociada en 1996 en el marco de la ALADI, la que además se
ha profundizado con la firma de más de 60 protocolos adicionales.
Además, Argentina ya suscribió el año pasado un acuerdo similar al
cerrado por Uruguay con Chile, mientras que Brasil estaría cerca de
culminar las negociaciones. Asimismo, todos los miembros han definido
una estrategia de convergencia entre el Mercosur y la Alianza del
Pacífico.
En cuanto a su contenido, entre sus
20 capítulos, el tratado ha sido denominado de última generación por
incorporar disposiciones en política de competencia, comercio
electrónico, normas laborales, medio ambiente, PYMES, género y comercio,
facilitación del comercio y cooperación, entre otros. Además, incluye
los capítulos más tradicionales como servicios (capítulo 7) y propiedad
intelectual (capítulo 10), justamente los dos que han generado mayor
debate a la interna del partido de gobierno y han sido identificados
como los dos sapos del TLC.
Cabe preguntarse
entonces, ¿cuál es el alcance de los sapos que los contrarios al acuerdo
entienden que Uruguay otorgó en este TLC? En primer, lugar se mencionan
las concesiones del capítulo de comercio transfronterizo de servicios,
lo que indican impedirá que el país tenga margen de maniobra en la
aprobación de políticas públicas para el desarrollo de algunos sectores.
Al respecto del comercio de servicios, lo primero que debe tenerse en
cuenta es que el Mercosur y Chile firmaron un Protocolo sobre dicho
sector que se encuentra vigente. Por lo tanto, en el TLC Uruguay
profundizó un acuerdo ya existente debido al cambio de modalidad de
negociación (por listas negativas).
Negociar
un capítulo de servicios por listas positivas indica otorgar concesiones
en los servicios que las partes listan en las ofertas, excluyendo lo no
presentado. En el caso de las listas negativas, se otorga preferencias a
todos los servicios con excepción de las medidas disconformes
presentadas en los anexos. Tanto Chile como Uruguay han presentado un
número amplio de excepciones y/o condiciones en la prestación de los
servicios en diversos sectores, lo que permite "adoptar o mantener
cualquier medida que otorgue derechos o preferencias a grupos
económicamente en desventaja" sin incumplir los compromisos del acuerdo.
Este sistema de negociación por listas negativas, que por cierto es la
modalidad más utilizada en los TLC a nivel internacional, permitió
profundizar el Protocolo de servicios vigente en un sector donde Uruguay
muestra diversas ventajas competitivas.
El
capítulo de propiedad intelectual es otro de los mayormente debatidos,
por entender que lo negociado con Chile tendrá un impacto negativo en la
industria nacional de medicamentos. En primer lugar, debe quedar claro
que el mencionado capítulo hace referencia a normas multilaterales ya
incorporadas por Uruguay a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC
(ADPIC), excluyendo disposiciones específicas en derechos de autor,
marcas y patentes.
Algunos políticos y
analistas contrarios al acuerdo, entienden que incorporando el TLC con
Chile el país se obliga a aprobar el Tratado de Cooperación en materia
de Patentes (TCP), lo que no es cierto. Sobre dicho tratado, el TLC
establece que "cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para
ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes".
Desde
la firma del TLC en octubre de 2016, los debates señalados postergaron
el tratamiento del acuerdo por parte del Parlamento. Lo cierto es que
algunos sectores minoritarios de la fuerza política del gobierno junto
al PIT – CNT, bloquearon el debate en el Parlamento e impusieron su
previa discusión en el Plenario del Frente Amplio. Después de tomarse
nada menos que más de un año y medio, finalmente el sábado pasado la
máxima autoridad del mencionado partido se reunió para consensuar su
posición respecto a la incorporación del TLC.
Tras
horas de debate y llamativas dificultades para contabilizar los votos
de los distintos sectores, el presidente de la mencionada fuerza
política anuncia que no se ha llegado a un consenso, por lo que el
acuerdo deberá volver a tratarse en un nuevo Plenario con fecha aún por
definir. Si bien es cierto que la intervención del Frente Amplio en la
política exterior, no es para nada una novedad en el país (salida del
TISA, posicionamiento del gobierno respecto a la crisis en Venezuela,
posible TLC bilateral con China o las negociaciones en curso con la Unión Europea), en este caso se fue más allá de lo razonable.
En
primer lugar preocupa la falta de respeto a las instituciones, ya que
un Plenario de un partido político no puede sustituir una función que le
compete al Parlamento, pero tampoco desde ese ámbito puede
desautorizarse un mandato presidencial correctamente cumplido por la
cancillería.
A su vez, llama la atención el
tenor del debate, que es antiguo, ideológico y descolgado de la realidad
internacional, pero especialmente porque el mismo está cargado de sapos
inventados por falta de honestidad intelectual. l
*
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Católica del Uruguay y director del Departamento de Negocios
Internacionales e Integración de la misma Universidad. Doctor en
Relaciones Internacionales e integrante del Sistema Nacional de
Investigadores.
