Ministra de
industria argentina, Débora Giorgi.
Por Marcos Piña / Revista Novo- La
denuncia realizada contra la presidenta Cristina Kirchner aparecida en los medios
privados de comunicación argentinos implica a la oficina de Naciones Unidas denominada
“Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)” y la ministra de
industria argentina, Débora Giorgi, quien
es acusada de contratar el Hotel Alto Calafate (propiedad de la familia
presidencial) por la suma de 30.000 pesos para realizar un congreso con
representantes de ministerios de industria de provincias nacionales el día 2 de
noviembre de 2012 en la localidad patagónica de “El Calafate”, Santa Cruz.
Según
la legisladora denunciante, Margarita Stolbizer, y el diario opositor Clarín, el
juez Claudio Bonadío envió a la Oficina Anticorrupción, un requerimiento para
que la ministra de Industria informara porqué contrató y realizó un evento con
fondos públicos en uno de los hoteles pertenecientes a su superior inmediata en
el organigrama de gobierno. El Ministerio aclaró que la suma abonada fue de
26.661,30 pesos y que los pagó la OMPI.
Los supuestos hechos
El
salón de eventos del Hotel Alto Calafate, propiedad de la presidenta Cristina Fernandez
y su familia, comprado en noviembre del año 2008 por Néstor Kirchner en una
operación de 2 millones de dólares, fue
contratado por el Ministerio de Industria de la Nación dirigido por Débora Giorgi, para realizar el “III
Congreso Federal de la Industria”, en noviembre de 2012, hecho que según las leyes
nacionales es incompatible para cualquier funcionario público, pues el Estado
no puede contratar servicios a empresas (el Hotel Alto Calafate) pertenecientes
a los propios funcionarios: aunque en este caso quien parece haber contratado el
salón (y las habitaciones para los concurrentes) fue el organismo internacional.
En el marco de la “Causa
Hotesur” el juez argentino Claudio Bonadío requirió a la Oficina Anticorrupción (OA) que se
le envíen todas las actuaciones que se hayan iniciado en relación a la firma
propiedad de Cristina Kirchner y sus familiares, denominada Valle
Mitre., actual gerenciadora de los hoteles de la familia presidencial.
Según la
información, en respuesta al pedido del magistrado Claudio Bonadío, la Oficina
Anticorrupción (OA) remitió el expediente 6389/2014, en el que se pidió que el
Ministerio de Industria informe si efectivamente se contrató al hotel Alto
Calafate con el objeto de utilizar sus instalaciones para la realización del “III
Congreso Federal de la Industria”.
La respuesta del
ministerio de industrias fue remitida el día 11 de marzo de 2014, respondiendo
que “la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) propuso la
realización de ese evento” y que con fecha 24/10/2012 “el Secretario de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria, Licenciado Horacio Roura,
solicitó un anticipo de gasto a rendir por un monto de 30.000 pesos porque el
Consejo Federal de la Industria se convocaría el 02/11/12 bajo la órbita de la
Secretaría a su cargo”. Es decir que un organismo internacional de propiedad
intelectual propuso el lugar de un encuentro nacional en el hotel de la
presidenta y además lo pagó.
La respuesta al
juez fue acompañada de la “Rendición de Anticipo para Gastos” por la suma de 26.661,30
pesos, pues, según se había explicado en esa ocasión, todos los gastos
corrieron por cuenta de la OMPI.
Además de la
factura de OMPI se observa en la documentación, un gasto de $25.200 detallado
en la Factura B N° 454 del 16 de noviembre, emitida por la empresa Valle Mitre,
responsable de administrar el Hotel Alto Calafate ese año, dirigida al ministerio
de industria, por la “venta al contado y reservación” y una factura adicional por
$748,50 de un almuerzo de la ministra Giorgi con funcionarios provinciales.
¿El encuentro que pagó OMPI fue otro?
La noticia fue
publicada en aquellos días por el
derechista diario El País, había publicado en 2012 resultando llamativa la
utilización de ese hotel para un evento organizado en Argentina por un
organismo internacional con sede en Ginebra controlado por el gobierno de los
Estados Unidos y sus corporaciones para desarrollar su política permanente de presiones
y lobbies sobre funcionarios de gobiernos: la OMPI había decidido organizar un
encuentro sobre propiedad intelectual nada más y nada menos que en el hotel de
la presidenta argentina.
En la misma
jornada y previamente al “III Consejo Federal de la Industria” (realizado
después del mediodía del 2 de noviembre del 2012 y que contó con la presencia
de ministros provinciales), Débora Giorgi, disertó en otro encuentro iniciado a
las 9.15 horas en el mismo salón del hotel. “La
Innovación y la Propiedad Intelectual como Bases para una Política Industrial”,
fue financiado por OMPI, quien también se hizo cargo de los pasajes,
y estadías de los funcionarios extranjeros y nacionales invitados al
encuentro del que participaron la ministra de industrias del Perú, Gladys
Tiveriño Chanjan, y el presidente del Instituto Nacional de Propiedad
Industrial (INPI) de Brasil, Jorge Ávila, además del anfitrión Mario Aramburu,
presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industria de Argentina
(INPI), subordinado de Giorgi, el evento se denominó "1° Encuentro de Ministros de Industria y la Propiedad Industrial". Fueron entonces tres los eventos financiados por OMPI el mismo día en el Hotel Alto Calafate.
1° Encuentro de OMPI en el Hotel Alto Calafate.
El brasileño Ávila,
quien fuera despedido por la presidenta Dilma Rousseff de su cargo, está siendo
investigado por el FBI por negociados entre la FIFA y el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INPI) del Brasil asociado a la OMPI, quienes se
habían unido mediante un acuerdo para luchar contra la piratería, en defensa de
la propiedad intelectual. Para ello, el Presidente de la FIFA Joseph
S. Blatter y el entonces Presidente del INPI de Brasil, Jorge Ávila firmaron un
protocolo de acuerdo en la sede de la FIFA en Zúrich.
Joseph Blatter FIFA (der.) y Jorge Ávila INPI (izq.) firman acuerdos de propiedad intelectual
Ante la denuncia
realizada, el actual jefe de gabinete, Anibal Fernández, afirmó que: la
OMPI "eligió como anfitriona de un encuentro la Argentina y decidió
hacerlo en El Calafate. El único gasto por cuenta de la Argentina es el
almuerzo y lo que retira el Ministerio de Industria termina siendo menos de 30
mil pesos".
Según explicó, Agregó que por una denuncia presentada por
Stolbizer en 2012 "se llega a la Oficina Anticorrupción que hace un pedido
formal que se responde con documentación" y señaló: "No tiene más
sentido, no hay objeto de corrupción y el objeto no es remediar sino
agraviar".
Ministra Giorgi en
defensa propia
La ministra Débora Giorgi
envió un comunicado de prensa para defenderse de las acusaciones donde expresó
que “En marzo del 2014 respondió los requerimientos que esa Oficina le
hizo según, expediente 0041964/2014. Del mismo surge claramente la
documentación que pone en evidencia la mentira y el agravio:
1) A fojas 3 y 4 de dicho expediente, obra nota de la OMPI asumiendo
los gastos del evento internacional y definiendo, dicho organismo, la cuidad y
el hotel de realización.
2) A fojas 22 del mismo expediente surge el pago de un almuerzo
de cortesía de éste Ministerio para 40 comensales por la suma de $26.660 y
otros gastos por $1.460.
3) También consta en dicho instrumento, la devolución por parte
del Lic. Horacio Roura, de $3.340 de los fondos solicitados originalmente, que
ascendían a $30.000.
4) Todas estas circunstancias, como las facturas
correspondientes, surgen del referido expediente, sin que desde la fecha la Oficina Anticorrupción haya efectuado ninguna
observación ni ningún otro requerimiento.
Fue un almuerzo que todos los ministros de producción y los invitados
internacionales pudimos aprovechar, para trabajar sobre un tema tan relevante
como la propiedad industrial: como validarla y hacer nuestros los derechos
sobre la misma.
¿Porqué OMPI organiza eventos en
Argentina?
Año tras año, la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual organiza eventos junto con sus
organizaciones cooperantes nacionales con el propósito de presionar a los
Estados (presidentes, ministros, diputados, jueces, fiscales, policías aduaneras
y funcionarios) para que lleven adelante nuevas normativas a favor de las
empresas extranjeras que requieren de las propiedad industrial (marcas,
patentes, o diseños industriales) para aumentar sus ganancias mediante la
protección abusiva de sus productos mediante leyes de propiedad intelectual.
Así es que
utilizan varios esquemas de organización de eventos que financian con los
fondos que los propios Estados nacionales aportan anualmente a la OMPI.
En 2010 la OMPI y
el INPI organizaron en el Palacio San Miguel de la ciudad de Buenos Aires el Foro Regional sobre la
propiedad industrial…. Donde también participó la ministra Débora Giorgi,
siendo el encuentro arancelado para los participantes, práctica habitual de los
organizadores, quienes además no publican los contenidos de las disertaciones.
En 2011, la ministra de
industria participó de un evento organizado por OMPI y el INPI en el Hotel Intersur,
financiada por OMPI aunque organizada localmente por el INPI dependiente del
ministerio de industria.
En 2013, la ministra Giorgi participó del lanzamiento de un posgrado de propiedad intelectual auspiciado por OMPI y la Universidad del Opus Dei en Argentina (Austral) organizada junto al INPI.
Ministra Giorgi junto Marcelo Di Pietro (OMPI) y Jorge Albertsen (universidad del Opus Dei)
En 2014, participó
de un Simposio
con funcionarios de la OMPI y de las Oficinas de Propiedad Industrial de
Argentina, Brasil, Ecuador, España, México y Portugal donde disertaron
representantes de las firmas Nestlé, Sica y Essen, entre otros.
La operación judicial y mediática contra el gobierno argentino con participación de un organismo internacional y contactos locales ha sido una nueva trampa en plena campaña electoral a la presidencia del país que muestra los tentáculos de los poderes globales al servicio de las corporaciones, sus operadores dentro y fuera del gobierno y la red de vínculos que el poder económico internacional organiza para desprestigiar la figura presidencial en Argentina.
