miércoles, 20 de julio de 2011

(VIDEO) Ministro argentino de Ciencia y Tecnología defiende la Propiedad Intelectual y engaña a su presidenta

Observatorio Sudamericano de Patentes



Es muy frecuente ver en los países latinoamericanos y caribeños a funcionarios con grado de Ministros que reproducen un discurso contrario a los intereses que se sobreentiende deben defender y para el que fueron designados por decisión presidencial.

Estos intereses dirigidos al “bien común” no son más que los intereses que la presidente también defiende: los intereses de la sociedad frente al de las corporaciones, es decir los intereses de los sectores más vulnerables.

EL ministro de ciencia y tecnología de la Argentina ha defendido públicamente la utilización de la propiedad intelectual para la protección de la tecnología que su país intenta realizar desde la cartera que dirige, aunque aún no se han visto resultados concretos y reales de los multimillonarios recursos económicos volcados a este sector del Estado dedicado a la investigación científica.


La presidenta Cristina Fernández ha adoptado últimamente el discurso propuesto por su ministro, a saber: los recursos dirigidos a la ciencia y tecnología deben destinarse a que los investigadores lleguen a resultados innovativos que puedan patentarse, y de acuerdo al razonamiento sugerido por Lino Barañao (del que suponemos la presidenta adoptó de buena fe aunque equivocadamente) más valor agregado se obtendrá de productos primarios.

Los argumentos esgrimidos por el ministro son los mismos que han difundido desde hace décadas los organismos internacionales de propiedad intelectual como la OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, USPTO Oficina Norteamericana de Marcas y Patentes; EPO Oficina Europea de Patentes y el resto de los centros de registro de patentes diseminados en cada uno de los países que adhieren al la OMC Organización Mundial del Comercio y que cumplen con los ADPICs-TRIPs Acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Barañao sabe que la propiedad intelectual protege las invenciones de las empresas multinacionales instaladas (o no) en el país y que presentan patentes en el INPI Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. También conoce que las obras digitales, software, películas y otro tipo de producciones audiovisuales de la mal llamada “industria cultural” son protegidas por derechos de autor. Del mismo modo sabe mediante las estadísticas que suministran estos organismos del estado argentino y compilan los organismos internacionales que más del 80 % de las patentes que se aprueban en Argentina son de empresas de EE UU, UE, Japon y Canadá y la gran mayoría de producciones culturales provienen de empresas estadounidenses y europeas.

Erróneamente o a sabiendas, se intenta convencer a la presidenta que la propiedad intelectual es beneficiosa para las empresas nacionales que realizan innovación aunque en realidad esto no lo es. Que un puñado de empresas como el caso de INVAP desarrolle tecnología patentable, no implica que este modelo de protección de innovaciones sea el adecuado cuando del otro lado (las corporaciones) se presenta una catarata de patentes que no solo saturan la tecnología nacional bloqueando futuras investigaciones, sino que además distorsionan un modelo de investigación que debe estar basado en el trabajo colaborativo, complementario y solidario entre investigadores nacionales y no puede ser sometido a la competencia que proponen los sistemas basados en propiedad intelectual.

Lejos han quedado los pedidos de la presidenta Cristina Fernández en declarar a las patentes de las vacunas como “patrimonio de la humanidad” o reivindicar el software libre como una herramienta para la soberanía tecnológica dando mano de obra a los argentinos.

El reciente intento del senador oficialista Pichetto de presentar el bochornoso proyecto de ley “canon digital” es otra muestra de la desinformación con la que cuenta la Presidenta en relación a las tendencias mundiales en materia de gestión de derechos intelectuales. El cánon digital ha sido propuesto por los gobiernos neoliberales europeos y repudiados por sus sociedades, aunque quiera presentarse como beneficioso para los músicos y artistas argentinos.

El ministro ha preferido arrojarse a los lobbies empresarios de la biotecnología, la nanotecnología, los alimentos y semillas, las dudosas “tecnologías limpias” o el software privativo, transformándose en un gerenciador de los intereses de las corporaciones y engañando a quien lo ha designado para defender los intereses nacionales.

TECNOPOLIS es una obsesión del gobierno nacional a la que han arrastrado a la presidenta, pero la tecnología debe ponerse al servicio del pueblo como un herramienta de mejoramiento del buen vivir de las y los ciudadanos de nuestros países, y no verse como una mega superferia de fetiches tecnológicos al alcance de unos pocos.